La Plata, 17 de noviembre de 2008

Baja en la edad de imputabilidad

LA VERDADERA INSEGURIDAD ES LA AUSENCIA DE POLÍTICAS SOCIALES Y DE CONTENCIÓN

Bajar la edad de imputabilidad es una medida tan vergonzosa como inútil porque no sólo no resuelve el problema de fondo de nuestros niños y niñas sino que va a contramano de las leyes que los protegen, de los acuerdos internacionales y, por ende, de nuestra propia Constitución Nacional.

Ante esta situación el Frente Grande de la provincia de Buenos Aires considera que:

1) Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño -en vigor desde el 2 de septiembre de 1990 y ratificada por la Argentina el 5 de diciembre de ese año- no fija un mínimo para la edad a partir de la cual un menor puede ser imputable por la comisión de delitos penales es clara al afirmar en su artículo 40 que “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales (…) a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”.

Para respetar ese compromiso lo verdaderamente necesario es dar respuesta a la falta de trabajo, educación y contención que los afecta, lo que es sólo alcanzable con políticas sociales que dejen de criminalizar la pobreza y se centren en la inclusión de aquellos que sólo son víctimas de la inseguridad provocada por la ausencia de mecanismos de auténtica contención.

2) Tanto la mayoría de los medios de prensa como las propias autoridades policiales violan la legislación vigente al hacer pública la identidad de los y las jóvenes en situación de delito, ya que el inciso 7 del Art. 40 de la mencionada Convención expresa con meridiana claridad que “se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento”.

Esa situación aberrante no sólo profundiza la estigmatización sino que dificulta aún más la posibilidad de una futura inserción en la comunidad.

3) Debemos recordar que mientras se piensa en mayor presupuesto para endurecer las políticas de supuesta seguridad, no se asignan los fondos necesarios para dar cumplimiento a las leyes 13.298 de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños y 13.634 de creación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil -cuyo proceso de implementación no está siendo cumplido dentro de los plazos acordados- ni tampoco se atiende el reclamo de asignación universal por hijo menor de 18 años: la solución que el gobierno presenta es condenar a los chicos al encierro en condiciones de extrema violencia, hacinamiento y vejaciones de todo tipo.

Por todo ello, afirmamos que:

1) Nuestros niños son nuestra responsabilidad como adultos: según reza un proverbio africano “es necesario un pueblo entero para criar a un niño”.

2) Quien falla cuando un niño comete un acto contrario a la ley es la sociedad en su conjunto y cada uno debe aceptar su responsabilidad desde el espacio que le corresponde como ciudadano, como trabajador, como legislador o como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

3) El gobernador Daniel Scioli debe arbitrar los medios para poner urgentemente en práctica las leyes provinciales antes mencionadas y en funcionamiento pleno los organismos por ellas creados. Del mismo modo, nos sumamos al reclamo de otorgamiento de asignación universal por hijo menor de 18 años.

4) Se debe poner fin a esta situación y dejar de lado las políticas de mano dura para estos jóvenes que sufren una doble victimización: haber nacido sumidos en la pobreza y ser instrumento de un sinnúmero de adultos verdaderos responsables de la delincuencia y/o de la promoción y sostenimiento de la desigualdad social que hoy impera en la provincia de Buenos Aires.

Mesa Provincia de Buenos Aires del FRENTE GRANDE