agosto 28, 2008 Categorized under */ ?>

Documentos Políticos

En este lugar encontraran los documentos que hacen al debate cotidiano del partido.

DOCUMENTO PARTIDARIO: EL FRENTE GRANDE Y LOS DESAFIOS HACIA EL 2015

El texto que sigue es el documento partidario que la Mesa Nacional puso a consideración ante la Asamblea anual realizada el sábado 30 de noviembre en la CTERA y contó con la presencia de 111 congresales. El mismo fue aprobado por unanimidad.

EL FRENTE GRANDE Y LOS DESAFÍOS HACIA EL 2015

Reconociendo nuestra historia, reafirmando nuestro compromiso y militando por la continuidad del proyecto popular, nacional y democrático

Finalizando el 2013, el partido Frente Grande como parte del proyecto nacional, popular y solidario que se viene gestando desde 2003,  debe realizar una evaluación política sobre la situación del país y el estado institucional, como así también de su militancia con vistas a los desafíos y debates de agenda que acontecerán en el país y en América Latina.

Reconociendo la historia

El Frente Grande nace como una necesidad histórica de expresión de las banderas históricas de los sectores populares y ante la traición del sistema político tradicional, cuyo primer detonante claro fue el intento de amnistía para otorgar impunidad a los responsables y ejecutores de la dictadura cívico militar. Tanto  el menemismo como el alfonsinismo habían dado muestras sobradas de su capacidad de enterrar las históricas banderas del peronismo y el radicalismo, y lo mostraron a las claras en el Pacto de Olivos. La Constitución de 1994, resultante de aquel pacto y hecha a medida de la ola neoliberal de aquellos años, convalidó y potenció la destrucción del Estado y la entrega del patrimonio nacional.

Nuestra marca de nacimiento como fuerza política es la lucha contra el neoliberalismo, el ajuste, la precarización laboral la extranjerización de la economía y las relaciones carnales con el imperio. La alternativa construida en los ´90 permitió la confluencia de sectores del peronismo y la izquierda, pero también de un conjunto de argentinas y argentinos en busca de una experiencia política que pusiera claros límites éticos, que revalorizara, por un lado, el pensamiento y la acción con, por y para el pueblo y, por el otro, que hiciera los aportes necesarios para el fortalecimiento del sistema democrático.

Desde la idea  de “una nueva forma de hacer política” hemos realizado aportes enriquecedores en el horizonte de la cultura política nacional. Desde la construcción frentista sintetizando experiencias políticas heterogéneas en un marco de plena discusión y reflexión democrática hasta la instalación de las “internas abiertas” -antecedente de las hoy PASO- como expresión de la incorporación de la participación ciudadana a la selección de los candidatos de los partidos políticos.

En el año 2003 nos integramos a una construcción nacional y popular con voluntad clara de cambio. Sin olvidar nuestros errores, que ya forman parte de nuestro bagaje de experiencias –y sabiendo que todos los sectores políticos los han tenido, en mayor o menor medida-, confluimos con compañeras y compañeros de diversas experiencias políticas y ayudamos a parir el Kirchnerismo.

El hombre que tomó los principios históricos de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política, Néstor Kirchner, las anudó con muchas otras luchas que supimos forjar desde nuestro nacimiento: decirle No a la impunidad; revalorizar una Corte Suprema que se oxigenó incorporando juristas reconocidos, sólidos profesionales del derecho; recuperar la dignidad frente a los acreedores externos; empezar a poner la economía al servicio del pueblo y sujeta a la política; comenzar la recuperación del trabajo y la producción; privilegiar el gobierno democrático por sobre el poder de las corporaciones así como el rol activo del Estado, entre otros logros históricos.

Un partido con identidad propia

La tarea que tomamos a partir de la primera mitad de la década del 2000 fue la de  recoger los retazos de los que,  a pesar de la derrota, nos mantuvimos con la frente en alto en nuestro partido, defendiendo los principios y demandas que nos dieron origen.

Estábamos convencidos, y los seguimos estando, de la necesidad de una herramienta política organizada con un fuerte contenido político e ideológico, pero con los pies en el barro del territorio. Una herramienta que confluya en un espacio más amplio, no necesariamente idéntico u homogéneo al nuestro. Una herramienta que interpele desde las mejores tradiciones históricas nacionales y populares pero que no se anquilose en una estructura partidocrática estática, ni se constituya en una referencia sólo teórica de los cambios. Pensamiento y acción a servicio de las transformaciones.

Reafirmando nuestro compromiso: algunas ideas centrales sobre nuestro perfil político

El perfil del Frente Grande ha sido construido sobre la base de la historia de nuestro pueblo y sus luchas, rescatando las banderas de los grandes movimientos y dirigentes que la transformaron, desde el sindicalismo anarquista, socialista y comunista, pasando por el Yrigoyenismo, FORJA, el Peronismo, la compañera Evita, John Willian Cooke, el compromiso internacionalista de Ernesto “Che” Guevara, la CGT de los Argentinos, Agustín Tosco, el compromiso del cristianismo de base sintetizado en monseñor Enrique Angelelli y monseñor Jaime de Nevares,  la tradición de lucha por la justicia social de compañeras y compañeros desaparecidos y perseguidos por los gobiernos autoritarios y represores,  el movimiento de derechos humanos sintetizado en las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS, nuestros queridos y recordados compañeros Germán Abdala y Carlos Auyero, la Central de Trabajadores Argentinos y los movimientos sindicales, piqueteros y sociales que resistieron el neoliberalismo.

Algunas de estas ideas centrales son:

El Frente Grande, cuya fecha de nacimiento no legal está vinculada directamente con los indultos de Carlos Menem, ha sido y es un impulsor de los juicios a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar, incluyendo en esa categoría la destrucción del aparato productivo y el desarrollo de una política económica  de exclusión. Hemos apoyado y formado parte de acciones en contra de la impunidad, y hemos  impulsado en todos los ámbitos legislativos la persecución penal y social de los criminales.

Latinoamérica es la patria grande, Argentina debe continuar impulsando la unidad con los hermanos países Latinoamericanos. Una integración con énfasis en los pueblos y en la construcción de un bloque social-cultural-económico que establezca una institucionalidad que fortalezca el MERCOSUR,  la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC). Estas son contracaras del ALCA y su más reciente creación, la Alianza para el Pacífico, propuestos  por EEUU y de la unidad meramente comercial fundada desde el Consenso de Washington. Se requiere de una construcción de alternativas autónomas de conformación de políticas en todos los niveles: integración convergente de políticas, financiamiento regional propio, políticas productivas, ambientales, de recursos naturales, de derechos humanos, de transportes y de defensa comunes, la construcción de un espacio regional educativo y cultural; deben, necesariamente, formar parte de los acuerdos de integración.

Es en este marco de unidad de nuestra Patria Grande, compartimos que el gobierno nacional haya avanzado en los foros internacionales por la vía política y diplomática en el reclamo de la soberanía de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, no sólo como un derecho de la Argentina, sino -y especialmente- como causa de Latinoamérica y una causa internacional para terminar con  los enclaves coloniales que todavía subsisten.  En memoria de los argentinos que lucharon por su recuperación en una guerra que nuestro país nunca debió haber librado nos refuerzan a perseguir el objetivo de la recuperación.

Los servicios públicos deben ser universales y prestados por Estado. Hasta el último habitante de Argentina debe tener acceso a los servicios básicos, y el Estado debe ser el principal protagonista de ese acceso. Esto implica promover activamente la recuperación de las empresas de servicios públicos y asegurar el rol de testigo del Estado en el sector de las telecomunicaciones, como una forma de recuperar soberanía y garantizar la prestación de servicios básicos para todos los argentinos. Las políticas de privatizaciones, concesiones y tercerizaciones han realizado mucho daño priorizando un negocio por sobre las necesidades populares, por lo que el fortalecimiento del Estado y sus políticas con vistas a la ampliación de acceso y la prestación directa son necesarias. Pero no cualquier Estado, sino uno con capacidad de planificación y participación popular a través de nuevas formas de integración social para la construcción de políticas públicas.

En esta etapa del proceso de transformación y recuperación que vive la Argentina y en el marco del contexto internacional de crisis feroz de las economías más desarrolladas, es imprescindible que sea el Estado – y no los mercados- quien asuma el liderazgo del proceso de desarrollo, orientado la economía a favor de la preservación y la ampliación de la producción, el empleo y el bienestar de los argentinos.

Postulamos la vigencia de un Estado Laico. La práctica de las religiones –o su decisión de no hacerlo- forman parte de las convicciones personales de tod@ ciudadan@, por ello consideramos que el Estado debe dar preeminencia al pluralismo, a la diversidad y al respeto de los derechos humanos, como así también  evitar que toda jerarquía eclesiástica y/o dogma influya en las decisiones de los representantes electos en forma democrática.

Comprendemos la importancia clave de una Educación Laica, Pública, Gratuita e Intercultural,  como elemento liberador del pueblo y  para igualar oportunidades. Niñas, niños y jóvenes deben tener su lugar privilegiado en la Escuela, con adecuado desarrollo técnico y científico pero articulador de una formación para la liberación. Por eso, debemos impulsar una política educativa que permita superar los déficit provocados por la política neoliberal, que garantice el carácter de bien público y común de la educación, rechazando su mercantilización y su condición de bien transable; afirmando que América Latina debe asumir criterios comunes y coordinar programas que nos liberen de los intentos de transformar a la educación en un gran mercado, que responda a los intereses del capital financiero internacional.

Sostenemos la necesidad de continuar con un fuerte apoyo a las políticas de desarrollo científico y tecnológico, a través de la conformación de espacios comunes de convergencia entre Estado nacional, estados provinciales y universidades, así como empresas, sindicatos y organizaciones libres del pueblo.

Impulsamos el respeto de las diversidades y las  políticas de igualdad real de oportunidades y de trato. Entendemos que el camino de la igualdad  se debe transitar con nuestras acciones, pero especialmente con la participación protagónica de los colectivos que se apropian de sus derechos.

La legislación sobre Matrimonio Igualitario e Identidad de Género han significado avances muy importantes con ese fin, que requiere un fuerte debate público para modificar algunas pautas sociales discriminatorias.

Actuamos por la eliminación de las desigualdades de género, convencidos de que ninguna sociedad justa se construye sobre la base del dominio de hombres sobre mujeres. Asimismo, nuestro partido forma parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, seguro y Gratuito. Convencidas y convencidos de la profundidad de la consigna “Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, militamos por una legislación efectiva en Educación sexual, por un abordaje desde la salud pública en materia reproductiva, por la aplicación plena del artículo 86 del Código Penal que despenaliza el aborto en determinadas situaciones tal lo interpretara la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la sanción de una ley que garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que nuestra representación parlamentaria a suscripto junto a otras.

El reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas establecido por la Constitución debe ser acompañado con legislación adicional y políticas públicas para el ejercicio pleno de sus derechos en el marco del respeto a su propia cosmovisión, su educación en el marco de su cultura, el efectivo reconocimiento de la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad común de las tierras que tradicionalmente ocupan y la plena igualdad y ciudadanía de los pueblos originarios de esta parte de América.

Impulsamos el debate y acciones necesarias para que la sociedad aproveche el potencial y la integración plena de las personas con discapacidad, para lo cual debemos aportar para superar las trabas al acceso a la educación, el desarrollo profesional, la vida cultural y política  y las relaciones sociales, y las que restringen el acceso a edificios públicos y transporte con limitaciones incompresibles.

La renovación de un anquilosado Poder Judicial, que se inició con la CSJN que se designó a partir del Decreto del Poder Ejecutivo nacional 222/2003 y que se debe completar con otros que impartan justicia moderando el iusprivatismo decimonónico con una mirada atenta a los más necesitados, se impone como una necesidad popular para que la democracia también llegue a ese Poder del Estado donde recalaron y resisten sectores conservadores de nuestra sociedad.

El consumo de drogas debe ser abordado como una materia de la salud pública, respetando las decisiones personales respecto del consumo y evitando la penalización de la tenencia de drogas para el consumo. El trato humanitario y de respeto de sus derechos humanos de los consumidores de sustancias es un imperativo que no permite más dilaciones. La lucha frontal contra el narcotráfico debe privilegiar la desarticulación de las grandes mafias que operan en nuestro territorio nacional, tanto en la producción como en la distribución y comercialización, en el marco de la Constitución Nacional y de la Ley de Seguridad Nacional.

El respeto de las autonomías municipales y provinciales debe ser la base de mantener un país federal, pero es necesario avanzar hacia un nuevo federalismo que garantice el desarrollo equilibrado y equitativo de todo el territorio nacional, con énfasis en una distribución territorial justa de la riqueza y el acceso equilibrado a los derechos desde Ushuaia a La Quiaca.

Estamos convencidos de la necesidad de proteger nuestros recursos naturales, que deben estar bajo control estatal, garantizar una explotación racional que respete la salud y los derechos ambientales de toda la población y cuya renta tenga por destino engrosar el patrimonio de l@s argentin@s. Para garantizar una explotación racional y asegurar el destino de la renta es preciso que el Estado participe directamente de la explotación de estos recursos. Por eso, es necesario una reforma integral del Código de Minería, en particular en cuanto al rol del Estado –que tiene que estar facultado a explotar esa riqueza, y obligado a hacerlo racionalmente- y en cuanto a la protección ambiental en la actividad minera, desechando el régimen actual herencia del menemismo.

Además, la política ambiental nacional debe dejar atrás la doctrina neoliberal incorporada como parte del Pacto de Olivos, y avanzar hacia el enfoque ambiental comprensivo del multiculturalismo, propio del nuevo constitucionalismo popular latinoamericano.

Las políticas de acceso a la tierra, urbana y rural, deben garantizar que ningún argentino sea privado de su propia vivienda. El acceso a la tierra urbana en condiciones dignas de infraestructura es una prioridad y un compromiso, especialmente con los más jóvenes y los sectores más desprotegidos de la sociedad. Debemos alentar el desarrollo de la construcción social del hábitat popular participado e instaurar las regulaciones que fomenten la reserva de suelo urbano para el crecimiento ordenado, instaurando la prevalencia del valor de uso de la vivienda por sobre el de cambio; la equidad espacial debe ser una meta a alcanzar. Igualmente respecto del acceso a la tierra rural, las políticas en materia productiva deben considerar inclusión de pequeños y medianos productores, transformando las tenencias precarias en propiedad, permitiendo el acceso a recursos para su explotación y la protección en la comercialización de sus productos,  evitando además  la expulsión de las nuevas generaciones del campo.

El desarrollo productivo debe considerar especialmente la pequeña y mediana empresa nacional como aliada histórica de los sectores populares. La innovación tecnológica, el crédito, la inserción en el mercado internacional y el impulso al consumo doméstico deben ser acciones permanentes para cultivar el desarrollo de la industria local. De todos modos, la extranjerización y la concentración económica es un fenómeno actual y problemático, gestado por la dinámica actual de las economías de mercado. La propagación de las Pymes no alcanza a neutralizarlo, de modo que el Estado debe adoptar una política activa para combatir con eficacia los abusos de las posiciones dominantes de mercado que resultan de la concentración económica, así como controlar los procesos inflacionarios que erosionan los ingresos de los sectores populares.

Se debe avanzar en promover un sistema de salud que priorice el sector público y social, realizando las inversiones necesarias para ello y acordando una política única de seguro público de salud que restrinja la mercantilización del sector.

Los programas sociales y de acceso a derechos no son una política de dádivas. La dictadura iniciada en 1976 destruyó centenares de miles de puestos de trabajo y excluyó por décadas a millones de argentinas y argentinos que se merecen más oportunidades para ser incluidos en el sistema productivo,

Por todo ello, sostenemos la necesidad de avanzar en un modelo económico que promueva la desconcentración y desmonopolización y el más amplio apoyo y estímulo a la economía social y solidaria, a las empresas recuperadas por los trabajadores y nuevos emprendimientos productivos de autogestión, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país. Esto requiere de la concentración de políticas al respecto, centralizando las múltiples iniciativas hoy existentes en una política de fuerte impulso, con créditos, asistencia técnica, asesoramiento y estimulación a la creación de cadenas de valorización de la economía social, así como establecer la prioridad de compras del Estado a los emprendimientos de la economía solidaria, cuando ello sea posible.

Las negociaciones paritarias han sido una estrategia adecuada para sostener la capacidad de desarrollo y negociación de los trabajadores organizados y permitir el mejoramiento de los ingresos de trabajadoras y trabajadores. Sostenemos la importancia de impulsar un modelo sindical organizado bajo formas más democráticas y transparentes que las actuales, con mayor protagonismo de las bases por sobre las burocracias.

La ley de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias produjeron una transformación positiva en el sistema de partidos políticos, cambio que por definición lleva su tiempo. Es un avance en la materia de financiamiento público de los partidos políticos, financiamiento que reivindicamos y proponemos ampliar para que la política no sea rehén del financiamiento empresario y una actividad para sectores acomodados.

La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha significado una conquista del pueblo argentino como avance en la consolidación de la comunicación como un Derecho Humano. Nos quedan por delante acciones para lograr una efectiva desmonopolización económica y cultural con la legislación que obtuvo el voto de las mayorías parlamentarias y que luego de cuatro años fue convalidada por una abrumadora mayoría de la Corte Suprema de Justicia. La definitiva aplicación de la Ley debe realizarse sobre la base de la participación activa del Estado junto al sujeto de la comunicación que le dio forma y origen. La LSCA, una verdadera reforma política, requiere de los partidos políticos y de la acción participativa del sujeto de la comunicación.

Para garantizar un verdadero acceso a la comunicación en todo el territorio nacional, avanzar en la desmonopolización y mejorar el acceso a todos los servicios de telefonía, internet y otros servicios que requieren de uso del espacio radioeléctrico, señales por cable, satélite, microondas o cualquier otra forma de trasmisión de datos, sonidos e imágenes, se requiere también avanzar en la sanción de una Ley de Telecomunicaciones que regule sobre estos aspectos y obligue a los prestadores a mejorar su servicio.

Los impuestos deben estar en función del empleo y la producción y deben tener un verdadero sentido de redistribución progresiva de la renta y la riqueza, donde las ganancias parasitarias, las rentas extraordinarias y las grandes concentraciones de riqueza tributen en mayor medida. Propugnamos un sistema tributario justo y equitativo, donde los que más ingresos y patrimonio tienen sean los que más tributen y los sectores populares sean protegidos en sus ingresos y consumos.

Si hay un acuerdo sustancial y profundo del sistema democrático que se debe sostener es el logrado en materia de Defensa y el rol que deben cumplir las fuerzas armadas. Debemos custodiar las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, que separan Seguridad de Defensa y vedan la presencia militar en cuestiones de seguridad interior. Asimismo reivindicamos la política de desarrollo de la producción nacional para la defensa,  de eliminación de desigualdades de género en las fuerzas armadas y de formación en el respeto pleno de los derechos humanos. El desarrollo en la materia deber ser acompañado de las políticas de integración latinoamericana.

En materia de seguridad, suscribimos los diez puntos del Acuerdo de Seguridad Democrática. Convencidos de que la respuesta a las demandas de seguridad no se resuelven con una política de mano dura, por el contrario entendemos que se resuelve con inclusión e instituciones policiales conducidas y controladas por instituciones democráticas y con participación popular. La política de seguridad demanda de  una policía comprometida con la prevención, con profesionalidad y una justa remuneración; pero además de una Justicia que investigue y juzgue en tiempo oportuno garantizando el debido proceso y de la defensa, y un sistema penitenciario con condiciones dignas de encierro y de ejecución de la pena para la reinserción social.

Una reforma constitucional es necesaria e imprescindible para asegurar las conquistas de los últimos diez años para actualizar un marco jurídico que fue pensado para un país y un mundo de hace casi 200 años y que hoy requiere incorporar la evolución del constitucionalismo operada a través de los casi dos siglos que han trascurrido desde aquel proyecto político que inspiró la Constitución vigente. Un marco constitucional actualizado que brinde instrumentos para avanzar en una mayor protección social, un rol más activo del Estado, un reparto más equitativo de la riqueza y una visión ambiental integral, comprensiva de las culturas originarias, superadora de la doctrina neoliberal etnocéntrica y europeísta del desarrollo sustentable. En ese sentido, reivindicamos la histórica constitución del ´49 y sus derechos sociales, la inclusión de los derechos de tercera y cuarta generación, así como la consolidación de un modelo que privilegie los derechos colectivos e individuales y afirme la necesaria “función social de la propiedad, el capital y la actividad económica”.

Una nueva Constitución, que consolide más igualdad, más participación popular, más economía mixta con un Estado más fuerte y eficiente para sostenerla y orientarla, más economía social, más derechos sociales y civiles y mejor calidad de las instituciones. La Reforma Constitucional que proponemos debe consolidar un modelo de Estado que tenga como objetivo principal la felicidad del pueblo y que subordine a este fin todas las instituciones.

Militando para la continuidad y profundización: pensando el 2013/2015

Como se ha visto, hemos avanzado pero tenemos muchos desafíos por delante.

El primero de ellos es continuar fortaleciendo nuestro partido en todo el territorio nacional. Sosteniendo y enriqueciendo nuestras ideas en el debate con el pueblo, poniendo en condiciones nuestra estructura para seguir creciendo políticamente y en militancia. Un partido más grande, con propuestas políticas innovadoras y presencia territorial nacional amplía nuestras chances de mayor protagonismo e incidencia sobre la política argentina. Un partido que recupere la militancia desde la inclusión en sus filas de más jóvenes y militantes de todas las edades que fueron convocados por las políticas de los últimos años pero que no siempre encuentran los canales de participación genuinos que les permitan canalizar sus ideas y aportes.

El Kirchnerismo enfrenta el camino de la sucesión presidencial con la imposibilidad de la reelección de nuestra principal referente Cristina Fernández y  con la fortaleza de ser la primera fuerza política del país, nutrida pluralmente y con un sentido político definido. Como actores de relevancia del proceso 2003/2013 debemos hacer esfuerzos para que el diseño de la continuidad no malogre las conquistas obtenidas por nuestro pueblo.

Nuestro Partido ratifica su histórica vocación frentista para construir una fuerza política plural, democrática y transformadora que garantice el triunfo, la gobernabilidad y las transformaciones que se necesitan para lograr una país más libre, más justo, más democrático y más regionalmente integrado.

Debemos militar para que el 2015 desemboque en una construcción política que plantee la profundización del proceso a favor de los sectores populares y rechazar cualquier propuesta de moderación o péndulo de las que se presentan en forma oportunista como un Kirchnerismo edulcorado y amigo del establishment. Los riesgos de la vuelta de la restauración conservadora en sus variantes más o menos neoliberales, aún siguen vivos y presentes en una gran parte de la dirigencia política, están latentes y debemos actuar para evitar su realineamiento. Los reacomodamientos dentro del viejo PJ deben ponernos en alerta para evitar que a través de un nuevo giro político y económico intente retrotraernos a los modelos neoliberales que están vigentes desde la propuesta de los sectores del poder económico concentrado a escala mundial.

Ello requiere poner en ejecución una estrategia convocante: amplia, plural, multisectorial del partido Frente Grande que lo ponga en la primera línea junto al resto de las fuerzas políticas y sociales que, como lo hicieran en el origen de nuestro partido, nacieron para enfrentar el neoliberalismo conservador de los años 90. Es fundamental generar acciones que promuevan el debate interno del Kirchnerismo respetando las autonomías políticas, sociales, culturales pero de cara al pueblo sobre las características de esta nueva etapa que deberá legar un 2015 de un nuevo gobierno nacional, popular y democrático.

Compañeras y compañeros: hemos transitado 10 años en los que fuimos consolidando reivindicaciones históricas del campo popular y de nuestro propio Frente Grande. Para adelante, nos esperan nuevos desafíos. Seguramente comenzarán a sonar cantos de sirenas impulsando candidaturas a destiempo y recomendaciones sobre la necesidad de disminuir el ritmo de avance de los cambios. Nosotros, debemos fortalecer nuestras estructuras partidarias, incluir las nuevas demandas sociales y articular políticamente con el resto de las organizaciones para seguir profundizando un proyecto que contempla la inclusión social con crecimiento económico. Seguimos manteniendo nuestras banderas: igualdad, democracia, independencia económica, soberanía política y justicia social.

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2013
Planilla de Adhesión a Partidos Políticos

2010

2009

2008

2007

2006

4 Responses to “Documentos Políticos”

  1. alejandro regueiro dice:

    Producción, Empleo y Desarrollo

    Por Ing. Alejandro Regueiro
    Sec. De Promoción del Empleo y Desarrollo Territorial
    Municipalidad de Junín de los Andes, Provincia del Neuquén

    Cuando pensamos la Secretaría de Promoción del Empleo y Desarrollo Territorial, lo hicimos para diferenciar los aspectos vinculados a la producción de los del empleo, esto es, la producción de un bien o servicio, no garantiza la creación de empleos (de calidad). Podríamos ejemplificar con las empresas en las cuales los bajos costos y las millonarias ganancias, se sostienen con el trabajo esclavo, la trata de personas y la contaminación del ambiente.
    Por eso decimos que, la producción que apoyamos, es aquella que permite generar empleos de calidad y decentes, en los cuales se respetan todas las leyes, acuerdos y convenios vinculados al trabajo y a los trabajadores, solo así, es posible garantizar un trabajo digno y responsable.
    Este tipo de producción, se vincula directamente a la Promoción del Empleo, y este, enmarcado en un territorio, es decir, teniendo en cuenta los aspectos que hacen al incremento de los ingresos de las personas que viven en una geografía que tiene identidad, historia, cultura, una dinámica social propia, instituciones y relaciones institucionales.
    Esta tarea, se dificulta en gran medida como consecuencia de la desarticulación del entramado socio productivo, siendo que durante años, se han tenido acciones (u omisiones) en contrario al desarrollo y la generación de empleo, tal vez, para que no se pueda dignificar una persona con el trabajo. Es importante destacar que esto no pasa porque si, no llegamos a esta situación como producto de la casualidad, donde pareciera ser que el estancamiento económico local, es producto del azar, o es el destino el que conduce a esta situación, aquí hay un pasado y hay responsables.
    Las políticas clientelares, cooptativas, fuertemente asistenciales y partidizadas, que apuntalan un modelo de gestión paternalista y estatista que, no solo ha quedado desfasado históricamente, sino que ha resultado perjudicial para la población objeto de las mismas.

    Unidad de Empleo

    Los municipios no son en sí mismos, ni inversores, ni los empleadores universales, pero si deben llevar adelante políticas activas, emprendedoras y promotoras, tendientes a generar las condiciones para que se movilicen las economías locales/ regionales, estimulando la inversión del sector privado, que es, en definitiva, quien debe actuar como empleador.
    Con este marco, hemos generado un espacio para la intermediación y la formación laboral. Con el apoyo del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), pusimos en funciones, en dependencias del Antiguo Hospital, la Unidad de Empleo de Junín de los Andes, que se incorpora a la Red Federal de Servicios de Empleo, siendo que en los próximos días, se realizará la inauguración formal.
    Cabe aclarar que esta línea de apoyo a los municipios, existe desde el año 2005, incorporándose rápidamente las vecinas localidades de Zapala, San Martin de los Andes y Bariloche. En la localidad, se pretendió instalar en el año 2008, y aquí se pone de manifiesto una de las “acciones de omisión” de la administración anterior, al tomar la decisión de no disponer los recursos para su instalación.
    La intermediación laboral, implica, una serie de acciones para poner en contacto a los oferentes de trabajo, con los demandantes de empleo. A su vez, la formación laboral, se plantea con el propósito de incrementar las condiciones de empleabilidad de los trabajadores mejorando su calificación.
    En este sentido, se están llevando adelante cursos de formación, iniciándose mensualmente uno nuevo. Entre las especializaciones mas destacadas, se encuentran las relacionadas a la construcción (albañilería, colocación de placas de yeso, etc.) estas, se realizan a través de la Fundación UOCRA, además, otras como los cursos de idioma, informantes turísticos, operador básico de PC, buenas prácticas de manufacturas y elaboración de alimentos, talabartería, entre otros que se pueden mencionar y que oportunamente se publicitarán las fechas de inicio.
    Un importante punto para destacar, es la implementación del Programa de Empleo Independiente (PEI), esto es, luego de aprobado el curso de formación laboral, el trabajador puede optar por realizar un curso de gestión empresarial, aprobados estos dos, a través del PEI, se apoya al desarrollo del emprendimiento diseñado durante la etapa de formación, con un aporte no reintegrable de $ 15.000.- por persona, sumándose como beneficio, la asesoría técnica de un tutor que, al igual que el PEI, es financiado por el MTEySS. Si pasados los 8 meses, el tutor realizara un informe positivo, recomendado volver a apoyar al emprendimiento, este obtienen una ampliación del financiamiento.

    Construir el proceso de cambio

    Tenemos la convicción que solo valorando nuestras potencialidades, será posible encontrar respuestas a las problemáticas del territorio, dándonos en un camino de articulación y acuerdos para lograr el bienestar de la población, porque no es posible que una localidad se desarrolle en un contexto de “no desarrollo” y retracción económica.
    Sabemos que podemos lograr un producto comunitario, pero es necesario cambiar la protesta, por la propuesta con compromiso y apuntalar un proceso de promoción social y de desarrollo económico sostenible, inclusivo y equitativo, para todas y todos.

    Junín de los Andes, 18 de julio de 2012

  2. alvaro dice:

    hola buenos dias. me pueden enviar boletines informativos. muchas gracias

  3. LIZABETH MORALES dice:

    Buenos días quisiera que me pudieran mandar su teléfono actual y el correo que podamos estar mandando nuevas peticiones de COPPPAL MEXICO ya que nos urge actualizarnos en nuestra agenda. Quedo a sus ordenes.

  4. Nilo Meza dice:

    Amigos, soy militante de Tierra y Libertad, Partido de izquierda y ecologistas, que:
    1. Queremos hacer contacto con ustedes
    2. Saber si vendrán a la COP20
    Saludos

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