El partido Frente Grande respalda las acciones emprendidas por el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el sector energético en procura de un adecuado abastecimiento petrolero. El gobierno nacional ha atacado la cartelización realizada por empresas del sector, entre ellas YPF-Repsol, contra las empresas transportistas y cancelado los beneficios que, por los programas petróleo Plus y Refino Plus recibían las productoras.

Argentina, a través del Gobierno Nacional está combinando adecuadamente firmeza y prudencia.  Cuenta, en esta materia, con importantes posibilidades en América Latina y tiene el derecho de utilizarlas en función de los intereses nacionales.

También, con todos los recaudos de la ley a su favor, puede apelar a la nacionalización de las empresas líderes.

Es necesario incrementar la producción nacional de petróleo y gas; para ello se hace imprescindible una mayor inversión de las empresas privadas.

Las provincias productoras de hidrocarburos que constitucionalmente poseen su dominio originario, deben tener mayor protagonismo en este rubro como con justicia lo están reclamando.

El rumbo se construirá, en definitiva – más allá de la retórica de las poderosas empresas del sector- por la concreta y eficaz  subordinación que estos intereses realicen al interés argentino, diseñado por un gobierno sólidamente legitimado por su pueblo.

Encabezada por la diputada nacional Adriana Puiggrós, presidenta del Partido, se reunió por primera vez, este viernes 3 de febrero, en la ciudad de Buenos Aires, la Mesa Nacional del Frente Grande, electa en la Asamblea Nacional realizada el 17 de diciembre último.

“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable  del pueblo argentino”.

Esa es la política argentina respecto de Malvinas porque está escrita en esta cláusula especial de la Constitución Nacional que se votó por unanimidad en el Congreso Constituyente de 1994.

Al definir la lucha por las Malvinas desde “los principios del derecho internacional” la Argentina ha renunciado de manera absoluta a la guerra y se ha comprometido definitiva y absolutamente por la soberanía.

El partido Frente Grande valora como un signo extremadamente positivo para nuestro país y para la región que toda América Latina haya respaldado con energía  la convicción argentina sobre Malvinas y las islas del Atlántico Sur.

Es desde esa energía que Argentina ha retomado las mejores tradiciones de su política exterior, aquella que el canciller Juan Atilio Bramuglia acuñara en las Naciones Unidas al final de la década de los ´40 cuando pronunció su inolvidable sentencia “las Malvinas han sido, son y serán argentinas”.

Frente a los pronunciamientos de las Naciones Unidas, con sus resoluciones 2065 y 1514, donde la comunidad internacional fijó el rumbo pacífico para resolver los problemas coloniales pendientes, la reacción del gobierno conservador-liberal David Cameron ha sido la de exaltar el ánimo guerrerista, en medio de un contexto nacional y regional de crisis del capitalismo central.

Los imperialistas y colonialistas británicos se tuvieron que ir de la India por la lucha de Gandhi, se tuvieron que ir de Kenia, se tuvieron que ir de Hong Kong, se tuvieron que ir de Singapur, se tuvieron que ir de Yemen, se tuvieron que ir de Sudán. ¿De cuántos lugares se tuvieron que ir? También de Irlanda.  Mientras ellos se encrespan en su Cámara, y afuera de la Cámara protestan los desocupados; mientras la Unión Europea cruje y ellos se encierran insolidarios; mientras los escoceses luchan entre la autonomía plena y la independencia y cruje su antiguo Reino Unido; mientras se osifica su Comonwealth –pálida sombra de los restos de su antiguo hegemonismo mundial-  es la hora de la activa paciencia argentina que está desestabilizando un establishment anacrónico.

Por ello, el escenario de la guerra con la movilización de barcos de combate de última generación y el envío del eventualmente próximo rey, constituye el escenario exasperado que intentan construir como alternativa a la política desarrollada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de la Cancillería.

La Argentina busca sentar al gobierno de la todavía monarquía del todavía Reino Unido a la mesa de la negociación: años, lustros o décadas será el lapso de tiempo para lograrlo. Por ello, la actividad argentina deberá tener paciencia. Con esa activa paciencia dejará desconcertada a la política thacheriana del gobierno conservador que representa lo peor de Gran Bretaña, porque exalta la guerra que es la política de la policía internacional de un orden caduco.

Argentina, un país de inmigración y pluralidad cultural renovará su diálogo con los habitantes de las Malvinas “respetando el modo de vida de sus habitantes”.

Será necesario que, junto a la acción eficaz del gobierno, los diversos sectores de la sociedad argentina (políticos, sindicales, culturales, religiosos, entre otros), se comprometan para dialogar con sus pares en Inglaterra para distinguir el tema excluyente de la soberanía del pasado de la guerra.

La Argentina vencerá pacíficamente en Malvinas, en diez o en cien años, con la América Latina que se construye solidaria. Vencerá con ella la justicia que es el otro nombre de la paz.

Adriana Puiggrós

Presidenta del Frente Grande

La diputada nacional Adriana Puiggrós, Presidenta del partido Frente Grande, integrante del Frente para la Victoria (FpV), manifestó el apoyo de esta fuerza a la política pública del gobierno nacional tendiente a “poner a pleno la producción de gas y petróleo en la Argentina” y a “recuperar el rol regulador del Estado en distintas áreas de la economía, sobre todo en un sector tan estratégico como el de los hidrocarburos”.

Las declaraciones de la Presidenta del Frente Grande fueron realizadas luego de que el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido dijera que se pondrá “a pleno la producción de gas y petróleo en la Argentina”.

Puiggrós señaló que el Frente Grande entiende que “esa medida – anunciada luego de una reunión del Ministro con gobernadores de provincias productoras de hidrocarburos – será parte de la profundización del proyecto nacional, popular y democrático que conduce la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

En este sentido, el Partido Frente Grande, en un comunicado de prensa, manifiestó su apoyo a las denuncias del gobierno nacional en las que advierte y rechaza la cartelización de precios en la venta de gasoil a las empresas transportistas. “La acción denunciada implica construir una estructura privilegiada de precios que marcha en contra del consumidor y del desarrollo económico general del país”, sostuvo el Partido.

“La posición dominante ha sido ejercida en contra de intereses que deben ser preservados enérgicamente. Es necesario que las empresas de energía apliquen recursos de sus ganancias para incrementar la producción de petróleo y gas”, señala el comunicado.

Y agrega: “En este orden de problemas también deberá analizarse la posición del Estado como agente productor. El rumbo clave que deberá tomarse en esta materia implica un respeto por los derechos de las provincias y el rumbo industrial que ha tomado el país”.

Para el Frente Grande –destacó Puiggrós- “el manejo de un recurso estratégico y no renovable no puede seguir librado a los deseos o intereses de grupos económicos trasnacionales que solo piensan en su rentabilidad y que no manifiestan ningún compromiso con el desarrollo de la Argentina”.

“Esto está demostrado en las nulas inversiones en exploración de nuevos yacimientos que viene colocando a la Argentina en la compleja situación de tener que importar cada vez mayores volúmenes de combustibles que no se producen en el país”, enfatizó Puiggrós.

Para la legisladora nacional “La sintonía fina pasa por terminar con las ‘avivadas’ de unas cuantas empresas y de otros poderes fácticos –que no se someten a las urnas- que actúan de manera coordinada para imponerle condiciones a un gobierno elegido por más del 54 por ciento de los argentinos y argentinas hace pocos meses”.

La nueva conducción del Partido Frente Grande, integrante del Frente para la Victoria, se reunió con el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a quien le manifestó el apoyo a “las medidas de transformación del trabajo agrario y defensa de los intereses de los trabajadores”, que incluyen la creación del RENATEA y un régimen con mayores garantías laborales y previsionales para los asalariados rurales.

La delegación del Frente Grande concurrió a la cartera laboral encabezada por la diputada nacional y Presidenta del Partido, Adriana Puiggrós, quien estuvo acompañada por el Secretario General, Daniel San Cristóbal, y los miembros de la Mesa Nacional Hugo Cormick, Alejandro Otero, Jorge Drkos y Aldo Lorusso.

“Desde el Frente Grande creemos que los cambios en el régimen de trabajo agrario constituye un hito fundamental en favor de la recuperación de la dignidad de los trabajadores rurales. La historia de nuestro país estuvo signada por la fabulosa renta agropecuaria a costa de trabajadoras y trabajadores rurales, y este gobierno nacional y popular que encabeza Presidenta Cristina Fernández está haciendo posible su transformación”, Afirmó Puiggrós.

El partido Frente Grande (integrante del Frente para la Victoria) advierte acerca de la actuación conjunta de grupos mediáticos dominantes y de sectores de la oposición política para impedir la puesta en vigencia completa de las leyes que declaran de Interés Público la Fabricación y Comercialización de Papel para Diarios y la de Servicios de Comunicación Audiovisual. De allí los ataques renovados a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Secretaría de Comercio Interior.

Las acciones desarrolladas por los sectores económicos concentrados y la derecha política enfrentan decisiones legislativas constitucionales fuertemente debatidas por la sociedad, las instituciones políticas y aprobadas por las mayorías nacidas de la soberanía popular.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha puesto en marcha un profundo proceso de reforma de las estructuras conservadoras de la comunicación pública, al impulsar la democratización de los medios audiovisuales y generar un proceso de rectificación del dominio hegemónico en el principal insumo de la prensa gráfica.

Este movimiento democratizador se desarrolla junto al enérgico impulso de la modernización tecnológica audiovisual como factor de acceso a beneficios de la ciencia y la tecnología, puestos al servicio de habilitar nuevas y postergadas voces políticas, sociales y culturales.

La Argentina vive una situación de extraordinaria libertad de prensa donde los medios dominantes (aquellos que se olvidaron y aún respaldaron la censura de la dictadura) se expresan no solo abiertamente, sino con renovada violencia verbal en relación a la Presidenta de la República, el gobierno nacional, las fuerzas partidarias y sociales que constituyen su sustento.  A poco más de tres meses de la sólida victoria electoral de octubre del año pasado, la argumentación en boga en el espacio mediático de pantalla, audio y gráfica, procura descalificar el orden político legal y legítimo basado en el pronunciamiento de la ciudadanía. Y, paradójicamente, quienes se lamentan de una supuesta libertad en peligro, ejercen un dominio abrumador en la circulación de los mensajes. Pero su derrota es segura por la movilización creativa y crítica de la Nación.

Adriana Puiggrós

Presidenta Nacional del Frente Grande (FG) en el Frente para la Victoria (FPV)

Daniel San Cristóbal

Secretario General

El partido Frente Grande (FG), integrante del Frente para la Victoria (FPV) manifiestó su solidaridad con la niña entrerriana violada y embarazada a quién las autoridades sanitarias de la provincia de Entre Ríos impidieron practicar un aborto terapéutico solicitado por su familia.

El Protocolo de Atención a Personas Víctimas de Violación Sexual y la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles  redactados por el Ministerio de Salud de la Nación indican claramente cuál es la conducta que debe seguirse sin necesidad de que la Justicia tenga que intervenir. Judicializar el drama contiene el claro propósito de dilatar la aplicación de los derechos garantizados por los textos mencionados. En cambio, la Justicia tiene el deber de actuar para  que el violador de una niña de 11 años responda por su conducta.

La cultura patriarcal se resiste a salir de escena, pero  la creciente movilización de la sociedad, que ha ampliado sus derechos  durante el gobierno kirchnerista, está incentivando la conciencia necesaria para que las mujeres alcancen el ejercicio pleno de los derechos sobre su propio cuerpo.

Adriana Puiggrós

Presidenta Nacional del Frente Grande (FG) en el Frente para la Victoria (FPV)

Daniel San Cristóbal

Secretario General

Gustavo Torres junto a representantes de las gobernaciones de Tucumán y Formosa y de los municipios de Quilmes y Morón

El dirigente del Frente Grande, cumpliendo sus funciones en Montevideo

Las delegaciones de los gobiernos subnacionales, posan para la foto oficial

Ante el aumento del Subte y el rechazo por parte de la justicia de la Ciudad de las medidas cautelares de “no innovar” solicitadas por diversas organizaciones políticas y sociales en el marco de acciones de amparo, hacemos público nuestro repudio al aumento tarifario dispuesto por Macri y al rechazo de las medidas cautelares destinadas a mantener la tarifa tal cual estaba, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, esto es sobre la arbitrariedad e ilegitimidad del aumento del 127%.

Consideramos que dicho aumento es cuestionable desde la legitimidad, porque burla los mecanismos de participación de los usuarios y consumidores de los servicios públicos garantizados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, desde la racionalidad, porque implica un incremento abrupto del 127% en un rubro ineludible en el gasto cotidiano de los porteños, y desde lo conceptual, porque implica situar a las tarifas de los servicios públicos esenciales en el marco de la lógica del mercado, como un precio más de la economía.

Consideramos que tanto el avance sobre la legalidad, como sobre el bolsillo de los usuarios y sobre el concepto de social de las tarifas de los servicios públicos desnudan el rasgo conservador y neoliberal del gobierno de Macri y su combate a contra el espíritu social de la acción del Gobierno Nacional y de la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que promueve la solidaridad como base de su organización.

Porque la elusión de los mecanismos de consulta, recurriendo forzadamente a una audiencia pública del año 2001, en la que se aludió a un posible aumento de 0,70 dólares en el marco un régimen de convertibilidad derogado e inexistente, es una burla a la razón, en cuanto al mecanismo para fijar el monto del aumento, y al régimen de participación social en las decisiones tarifarias sobre los servicios públicos establecido soberanamente por los ciudadanos de Buenos Aires en su Constitución.

Porque el avance intempestivo sobre el bolsillo de los usuarios se desentiende de su repercusión sobre los más necesitados, creando desigualdad y marcando diferencias en el acceso a los bienes sociales.

Porque el incremento tarifario decidido en esos términos propicia el destierro de la solidaridad como eje fundacional de la democracia social instaurada por los porteños para su ciudad en su Constitución, sustituyéndolo por el individualismo mezquino.

Hugo Cormick – Presidente

Ángel Bruno – Vice-Presidente

Frente Grande-Capital